Por Juan TH

En la República Dominicana se están realizando elecciones ininterrumpidamente desde el año 1966 cuando las tropas norteamericanas impusieron al doctor Joaquín Balaguer. Las denuncias de fraude, uso de los recursos del Estado, etc., han estado presentes en las elecciones de 1970, 74, 78, 82, 86, 90, 94,96, 2000, 04,08. A las elecciones presidenciales se les sumaron las congresuales y municipales. El fantasma del fraude. En la cultura de la trampa y el engaño nadie confía en nadie. Nadie es amigo ni compañero de nadie. Hasta en las elecciones de los propios partidos se producen fraudes y uso de los recursos del Estado. El que lo dude que se lo pregunte a Danilo Medina, Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba.

La escogencia de los candidatos en los partidos es un proceso mafioso donde suelen ganar los que más recursos tengan, no importa de dónde provengan, si del narcotráfico, el crimen o el presupuesto nacional. El sistema electoral dominicano está estructurado de forma tal que los políticos ladrones, o ladrones políticos, son los que tienen posibilidades de ganar. El voto preferencial lejos de ser una solución, es un problema mayor. El que no tiene dinero, mucho dinero, no tiene ninguna posibilidad de ser elegido.

(Un candidato de la capital invirtió más de 50 millones de pesos durante las dos campañas, la interna y la externa. Nadie le preguntó a ese candidato hoy diputado electo, de dónde provino esa fortuna. Y ese no fue el único que gastó 30, 40 o 50 millones para “comprar” una diputación, una senaduría, una regiduría o una alcaldía) (¿Cuánto puede costar una campaña presidencial? ¡Miles de millones de pesos que nadie sabe de dónde salen!)

A los recursos que le otorga el Estado a los partidos políticos, se suman otros cuya procedencia nadie conoce. No hay límites. Un candidato o un partido pueden gastar en una campaña todo el dinero del presupuesto nacional, del Banco Central o del Cártel de drogas más grande del país. ¡Es por eso que los presidentes llegan al gobierno atados de manos y pies!

El sistema electoral dominicano precisa de una profunda reforma. No es posible, por ejemplo, que un partido, como el PRD, que haya sacado casi la mitad de los votos no tenga un senador. Eso es un absurdo. No es posible igualmente continuar con el voto preferencial, ni con el uso de los recursos del Estado. Es urgente una nueva ley electoral al igual que una ley de partidos que evite el transfuguismo, el uso de los dineros del pueblo, del narco, del crimen organizado, etc.

Lamentablemente los partidos y los gobiernos han sido un obstáculo para desarrollar el sistema electoral. Los partidos han estado muy por debajo, se han quedado atrás. La JCE se ha colocado por encima de los partidos en materia electoral. En las elecciones presidenciales pasadas la cámara administrativa de la JCE que encabeza Roberto Rosario, propuso reglamentar la propaganda y la publicidad. Pero el PRD, en un acto insólito, se opuso. Lo mismo hizo una buena parte de los medios de comunicación para quienes las elecciones constituyen un gran negocio.

El sistema electoral debe ser confiable. La JCE tiene que ser creíble en todo momento. La JCE vende credibilidad. Como los bancos. Para eliminar la desconfianza hay que terminar con la cultura del fraude. Pero los partidos aportan poco o nada en ese sentido. El problema ahora es mayor. El presidente Leonel Fernández no quiere cambios debido al control absoluto de todos los poderes del Estado. Una nueva ley electoral que impida el uso de los recursos del Estado, que regule la publicidad, etc., favorece la institucionalidad y la decencia, pero no a Leonel que pretende mantenerse en el poder legitimándose en elecciones fraudulentas.

Para cambiar esa realidad la oposición y la llamada sociedad civil, tienen que encabezar un movimiento poderoso que impulse e imponga una nueva ley electoral y una ley de partidos políticos que fortalezcan la democracia haciéndola más participativa y plural.