La República Dominicana cada día es estremecida por actos delincuenciales que expresan el grado de inseguridad que hoy carcome el seno de la sociedad dominicana.

Si bien es cierto que los actos delincuenciales que día tras día son observados por los dominicanos son manifestaciones de la propia dinámica de la sociedad, tanto desde el punto de vista económico, social, político y cultural, también es cierto que los mecanismos para prevenir y enfrentar esas desgarradoras manifestaciones han sido y son ineficaces.

La debilidad en las instituciones de la República Dominicana es el eje central sobre el que se soporta la ineficacia de los mecanismos y las acciones que conjuren la violencia delincuencial que hiere las entrañas de la sociedad dominicana.

Además de la deficiencia de las autoridades y los órganos llamados a enfrentar los actos delincuenciales está la debilidad del Código Procesal Penal dominicano, una copia más de las tantas que hacen en la República Dominicana.

La falta de profesionalidad y creatividad a veces conducen a elaborar leyes que son copiadas prácticamente con punto y coma de las existentes en otros países, y eso tiene consecuencias nefastas.

Las leyes son hijas legítimas de la sociedad en que van a ser aplicadas, y por tanto deben ser el reflejo de la misma, como resultado de un estudio riguroso de la realidad social que pretende regular.

Es por esa realidad, del copismo más absurdo, que la República Dominicana de tiempo en tiempo transita caminos difíciles en su vida social, política y económica.

Ayer copiamos la Ley de la Privatización, la ley del Código del Menor, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Seguridad Social, y hoy copiamos el Código Procesal Penal, y casi todas presentan dificultades insalvables para su aplicación en la sociedad dominicana.

Hoy más que nunca constituye una urgencia la modificación del Código Procesal Penal y el saneamiento de los órganos encargados de llevar a cabo acciones para contrarrestar la violencia en las calles dominicanas.