La República Dominicana adolece de los sintomáticos males de las sociedades que le temen a los cambios, por lo que es necesaria una especie de profilaxis general, lo cual conlleva a una voluntad política que gobierno alguno no ha mostrado tener.

Dentro del letargo por una iniciativa al avance por el respeto institucional, se encuentra una pieza legislativa que viene a remplazar una reliquia casi centenaria, que ha establecido el modo de dirigir la política de estado en el campo de la migración desde el 1939 (Ley 95) a lo que creo se refiere nuestro honorable Secretario de Relaciones Exteriores, cuando a modo de refutar al CONEP, indica que el estado tiene clara su política sobre migración.

Como si el comunicado se tratara de una agresión personal, la reacción del Ministro pareció ser un acto defensivo, más que una expresión reflexiva propia de su manera de ser, por lo que debo entender que fue sorprendido, sin evaluar fríamente el mensaje enviado por los empresarios dominicanos.

Considero digno que el gobierno dominicano le tome la palabra a los empresarios, ya que éste sería, el sector que tradicionalmente posee más razones para bombardear una iniciativa legislativa de ésta categoría, resultando ser una las causas más poderosas que podríamos encontrar para que el gobierno haya detenido la implementación de la nueva ley de migración.

Los empresarios han dado muestra de una capacidad visionaria, partiendo desde un razonamiento inductivo sobre un mal que el estado dominicano históricamente no ha tenido la inteligencia de enfrentar con la debida entereza y madurez política.

El Consejo Empresarial ha podido resumir lo que debe ser una iniciativa de estado, en siete u ocho aspectos fundamentales, como son: el temor de que la migración sin controles, conserve el rezago de una fuerza laboral competitiva como demandan los tiempos, en vista de que no se cumplen las regulaciones existentes en la ley para la contratación de mano de obra extranjera calificada y por otro lado, las comisiones de violaciones a los derechos laborales contenido en nuestro Código de Trabajo y sancionada por la nueva ley de Migración, (Ley 285-04).

En otro orden, esta entidad, en su visionaria propuesta de desarrollo nacional, acoge como punto de interés supremo, el hecho de que sea considerada la migración, un asunto de prioridad nacional y de esta manera, el estado asuma su rol de actor principal en temas tan importantes, como son los relativos a la soberanía y la nacionalidad dominicana.

Enmarcado dentro de las directrices de un estado de derechos, el Consejo de Empresarios exige que se cumpla la ley, para que se rompa con la conducta de la permisibilidad, lo que de ninguna manera significa, que a los que no califiquen para ser admitidos, a los deportables o a los que sean susceptibles de expulsión, se le violen sus derechos como seres humanos, pero esto de ninguna manera va a representar un impedimento para que el país le dé ejecución a sus leyes nacionales.

Dentro de lo que es el respeto a la institucionalidad, la organización de empresarios está conteste en que se ejecute el artículo 151 de la ley de migración, a los fines de que se inicie una política de regularización, que dé al traste con la implementación de un sistema de saneamiento de las estructuras de controles del país, a manera de sanear nuestra frontera, nuestro espacio aéreo y nuestras aguas territoriales y de igual manera establecer la realidad sobre el número de la población de inmigrantes, mediante un censo científicamente elaborado.

En otro orden no menos importante, El CONEP, plantea la necesidad de la reactivación de la Comisión Bilateral entre Haití y la República Dominicana y la ejecución del protocolo de entendimiento sobre los mecanismos de repatriación, así como la inmediata elaboración del Reglamento mandatorio, que establece la ley de migración.

Consideramos oportuno hacerle un llamado a todos los sectores sensatos de la sociedad dominicana, los trabajadores, los intelectuales, los políticos, los técnicos, los profesores, los estudiantes, las organizaciones femeninas, las amas de casas, la prensa y las entidades cívicas, para que en una sola voz, exijan al gobierno de turno, desplegar una acción inmediata que dignifique el espíritu de nuestros héroes patrios de todos los tiempos, y escuche el llamado de la nación, para que simplemente se le dé cumplimiento a ésta ley, ya que cumplió cuatro años y aun no se han obtenido las piezas necesarias para su implementación

Otras de: José Miguel Vásquez