Juan Manuel Rosario: ¿Regularización de Extranjeros ilegales en República Dominicana?

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Profesor Juan Manuel Rosario

Profesor Juan Manuel Rosario

En el Plan Nacional de Regularización se registraron 288,466 extranjeros, de los cuales se regularizaron 239,956; de esa cantidad sólo cumplieron con todos los requisitos alrededor de 6,700 extranjeros, tomando en cuenta los datos suministrados en diversas ocasiones por el Ministerio de Interior Y Policía. ¿Y qué pasó con los otros extranjeros que se registraron?  Bueno, hay unos 110,000 que no pudieron presentar ningún documento, y otros 129,000 que sólo llevaron un pasaporte; o sea, que ninguno de los extranjeros que forman parte de esos dos conglomerados cumplió con los requisitos establecidos en el Decreto 327-13 que instituyó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales en la República Dominicana.

¿Resistiría la ejecución del Plan Nacional de Extranjeros Irregulares una auditoría? Lo dudo.

Entonces, si esos extranjeros no cumplieron con los requisitos, ¿por qué ahora aparecen como regularizados? Llama a la atención que ese grupo de extranjeros sea considerado como regularizado, contradiciendo el propio Decreto sobre Regularización, el mandato de la Ley de Migración 285-04 y el concepto de régimen de extranjería contenido en la Constitución de la República. Es como enfrentar la institucionalidad de la República Dominicana para complacer criterios abanderados de que la República Dominicana irrespete sus propias normas, y sobre todo, que actúe contra sus intereses.

Llama mucho  la atención que los más de 110,000 que no presentaron los requisitos indispensables para ser regularizados recibieran un carnet que se vence a partir del 18 de julio del 2016, y que ahora a esas personas que se les otorgó documentación de manera irregular, como no Residentes, se les quiera dar residencias; o sea, que a esos extranjeros que no reunieron las condiciones establecidas en el Decreto sobre Regularización, ahora se les quiera otorgar el estatus de Residentes.

¿Qué quiere eso decir? No solamente que se viola la institucionalidad de la República Dominicana; sino que además van a poner a esos más de 110,000 extranjeros que no calificaron a que sean beneficiados con la Residencia dominicana, lo que permitiría que los mismos dejen de estar de tránsito en el territorio nacional, y por vía de consecuencia los hijos de éstos que nacieren en el territorio de la República adquirirían la nacionalidad dominicana, entrando tal situación en contradicción con los intereses nacionales y el régimen de nacionalidad establecido en la Constitución de la República. ¡Eso es grave!

¿Puede una autoridad dominicana ejecutar, a escondidas, acciones que afecten la soberanía y el interés nacional, para evitar supuestos “ruidos”?

Pretender llevar a cabo acciones para complacer a intereses nacionales e internacionales en materia de soberanía y migración en la República Dominicana, es un acto que raya en la ingenuidad o que obedece a actitudes deliberadas para ir cercenando gradualmente, sistemáticamente, la soberanía del país.

La comunidad internacional y los sectores que han mediatizado la soberanía de la República Dominicana son insaciables en las pretensiones de que el país asuma la población haitiana; y nunca se van a sentir complacidos, por mucho que las autoridades dominicanas les cedan espacio. En la defensa de la soberanía de un Estado no hay punto intermedio, se defiende o no se defiende; y quien no la defiende termina perdiéndola inexorablemente.

Si se demuestra debilidad en la defensa de la soberanía de la República Dominicana, los sectores nacionales e internacionales, que tienen como fundamental objetivo desmantelar al Estado dominicano, van a seguir presionando.

Es saludable precisar que la soberanía de los Estados tiene amigos o enemigos en función de los intereses que se mueven en el escenario internacional.

Si no defendemos la República Dominicana, la perderemos!

También es oportuno y saludable para la institucionalidad de la República, cavilar, reflexionar, por qué a otro grupo de extranjeros, unos 129,000, que tampoco calificaron conforme a lo establecido en el Plan, porque lo único que presentaron fue un pasaporte, se les premió con pegarle un sticker en la libreta que le otorga estatus de extranjero con  visado válido por dos años. ¿Por qué a esos 129,000 extranjeros que sólo presentaron el pasaporte, que no calificaron dentro del Plan, se les premió con el referido sticker que les permite tener condición de visado vigente por dos años?

Pudieron esos extranjeros demostrar el vínculo con la sociedad dominicana? No, no pudieron demostrar el vínculo con la sociedad, por la sencilla razón de que no presentaron la documentación indispensable y necesaria que les permitiera mostrar su nivel de arraigo dentro de la sociedad dominicana. Lamentable! Es como si las autoridades dominicanas les dieran martillazos a sus propias disposiciones establecidas en el Decreto 327-13 y al conjunto de leyes que sirven de soporte a la institucionalidad.

Todo esto es interesante reflexionarlo, pensarlo; la República Dominicana no puede, no debe continuar dándole respuesta simplista a una situación que podría poner en peligro la existencia del Estado dominicano, más temprano que tarde.

Los sectores políticos, empresariales, religiosos, no deben tomar el camino del menor esfuerzo, aquel que consiste solamente en intentar descalificar a tal o cual posición con el propósito de hacer prevalecer sus criterios personales o grupales.

La institucionalidad de la República Dominicana tiene que estar por encima de los intereses grupales, ya sea de carácter político, social, económico, cultural, religioso, etc.

Hay sectores que han preferido callar la magnitud de esa situación que gravita sobre la existencia de la República Dominicana alegando que no se puede hacer “ruido”; como si el “ruido” los afectara a ellos como sector o a alguien miembro de ese sector, desde el punto de vista personal; es como si se tratara de evitarle “ruido” a tal o cual persona; parece que de lo que se trata es de garantizar la imagen de perencejo o sutanejo, y no la de preservar los intereses nacionales.

La República Dominicana tiene la obligación de abocarse a fortalecer la institucionalidad, haciendo las reformas que sean necesarias que contribuyan a hacer fuerte un régimen de derecho que garantice que el Estado dominicano se sobreponga a los intereses individuales de personas o grupos sociales, políticos, culturales, económicos; para de esa manera evitar los vaivenes que periódicamente se sienten en el país en torno a decisiones de interés general, como lo son por ejemplo, los asuntos de nacionalidad, migración, diplomáticos, las relaciones internacionales…; para no permitir que ocurra lo que sucedió con la Ley 169-14 de Naturalización Especial, que prácticamente anuló la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en materia de nacionalidad.

Nota: El profesor Juan Manuel Rosario fue el Consultor del Congreso para la elaboración de la Ley 285-04, y participó en la redacción del original Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales de la República Dominicana.

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2 Comentarios - Deja tu opinion sobre la noticia que terminas de leer.

  1. Raibel Cisnero 16 junio, 2016 a las 6:49 pm - Reply

    La genuflexión del gobernante reelecto, ha llevado al País a una situación muy delicada que sólo unos pocos advierten. Parece ser que las opiniones de ciertos “comunicadores-intelectuales” y ONGs pro-haitianas, están por encima de la Constitución y las Leyes.

    Los sectores que adversaron el fallo TC 0168/13 – con su sofisma de que todos los descendientes de extranjeros nacidos en territorio nacional previo al 2010 eran “dominicanos”- lograron influir en el gobierno, el cual, sometió al Congreso la Ley 169/14 para complacerles.

    Lo que se procura en lo adelante, es la realización de un nuevo PNRE para aquellos extranjeros que no se acogieron al primero y, a la vez, que sus descendientes tengan acceso a algo que Constitucionalmente NO les corresponde : la nacionalidad dominicana.

  2. David Cordero 13 junio, 2016 a las 7:14 pm - Reply

    No hay una provincia, un municipio, paraje o sección, barrio o sector de la República Dominicana, donde no haya una comunidad de ilegales haitianos con la indiferencia de las autoridades dominicanas, SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO.
    Pero lo grave del caso es que en Haití no existe una posición progresista en torno a la situación que pone en peligro la existencia de la nacionalidad dominicana y haitiana, sino un sentimiento anti-dominicano, promovido por sus autoridades y sectores supuestamente de avanzada.

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